Con la aprobación del Decreto-Ley 2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, se modifican 21 Leyes y seis Decretos, entre los que se incluyen normativa básica en materia medioambiental en Andalucía.
Granada, 16 de abril de 2020.
El Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía (en adelante COAMBA) quiere mostrar su desacuerdo con la forma de tramitación del Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía (en adelante Decreto-Ley 2/2020). COAMBA considera que estas modificaciones podían haber sido consensuadas en el seno del Consejo Andaluz de Medio Ambiente, del que forma parte, y que lleva más de un año sin reunirse. Ha faltado esfuerzo por explicar los cambios introducidos y por escuchar la opinión de entidades y organizaciones interesadas, lo que da lugar a que, con las formas y el contenido de las modificaciones, pueda presuponerse un preocupante primer paso hacia una mayor relajación de las principales normativas ambientales en Andalucía.
Habiendo conocido por los medios de prensa que La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía convalidó, en una sesión celebrada el pasado jueves 2 de abril, el Decreto-ley 2/2020, nos preocupan los cambios de normativa que afectan de manera considerable a cuestiones ambientales.
Cuestiones que nos inquietan son aquellas como la supresión del apartado 8 del artículo 52 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía: “La Consejería competente en materia de cambio climático deberá elaborar, con una periodicidad no superior a dos años, la huella de carbono de Andalucía, basada en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero”. Esto supone que la Administración no tiene que realizar la huella de carbono de Andalucía. Desde COAMBA no compartimos esta decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía. Consideramos que una forma de mantener la voluntad del Ejecutivo de liderar las políticas de lucha contra el Cambio Climático es mantener ese compromiso de medición, sobre todo para valorar la efectividad de las programas de mitigación puestos en marcha. Pero más aún nos sorprende esta decisión cuando desde el año 2000 la REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía que coordina el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA), perteneciente a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la propia Junta de Andalucía) ha venido realizado esta medición anualmente y facilitando los datos a los municipios, por tanto, ni siquiera requeriría de recursos adicionales. Si eliminamos la herramienta de seguimiento de las emisiones no podremos conocer la aportación al Cambio Climático de los sectores productivos en la Comunidad Autónoma, así como plantear estrategias de reducción y compensación de emisiones. De no existir esta información difícilmente se podrán cumplir los compromisos de reducción de emisiones que Andalucía tiene comprometidos con la UE.
Algunos cambios introducidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) o la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), conllevan una reducción de recursos en medio ambiente debido a que se trasladan las competencias a los Ayuntamientos sin llevar asociado un paquete de medidas para reforzar este trabajo en los mismos.
Otros cambios no serán posibles si no llevan asociadas la actualización de normativa como el Reglamento de Calificación Ambiental o incluso la redacción de Reglamentos que regulen la Ley como es el caso de la Ley de Medidas Frente al Cambio Climático, que, a pesar del tiempo transcurrido desde su aprobación por unanimidad de todos los grupos del Parlamento Andaluz, y los compromisos existentes en la misma norma, aún carece de decretos que la regulen.
Para todo esto, tanto desde la Consejería hasta los Ayuntamientos de los municipios andaluces, necesitarán contar con personal especializado en medio ambiente que lleve a cabo todas estas labores, cuestión que no está resuelta al no haberse convocado plazas para el cuerpo superior facultativo A1.2029 Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental ,en el caso de la Consejería, y al no haberse consensuado medidas para paliar el déficit de personal cualificado en los Ayuntamientos o al servicio de estos en las Diputaciones.
En términos europeos, las modificaciones aprobadas, en algunos casos, no parecen estar alineadas con los acuerdos alcanzados por los Estados y las políticas que integran la Estrategia Europea 2030 (Agenda Urbana), como el reciente “Pacto Verde Europeo” que además se está señalando como guía para la reactivación de la economía una vez superada la actual crisis del COVID 19. Esto puede suponer una pérdida de oportunidades para que Andalucía participe en estas iniciativas y pueda beneficiarse de su financiación.
Desde COAMBA, estamos trabajando en un informe más profundo sobre las modificaciones para estudiar con detenimiento aquellas cuestiones que afectan a la protección del medio ambiente. Como siempre, nos ofrecemos a colaborar con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
En la imagen, de izquierda a derecha, Paola Jiménez Melgar, Presidenta de COAMBA; Francisco José Gutiérrez Rodríguez, Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía y Rosario Vargas Pacheco, Vocal de Relaciones Institucionales de COAMBA durante la última reunión realizada el 26 de febrero de 2020.
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