Durante años, cuando se planteaban estrategias y acciones de lucha contra el cambio climático y aparecían reticencias a la adopción de una agenda de medidas ambiciosa por el elevado coste de su implementación, los que insistíamos en la necesidad de tomarse en serio este tema, entre otros el colectivo de ambientólogos, señalábamos otro coste que no siempre se incorporaba de forma explícita en los análisis económicos y presupuestarios: el coste de la No Adaptación.
Con este concepto hacíamos referencia a los costes asociados a la gestión de emergencias, la reposición de infraestructuras críticas, la reparación de daños materiales, las pérdidas económicas en sectores productivos estratégicos y los impactos sociales originados por, los que se esperaba que fueran cada vez más frecuentes, fenómenos climáticos extremos. Queríamos mostrar así que, previsiblemente, los recursos necesarios para afrontar sus consecuencias serían superiores a los destinados a la prevención, la planificación y la preparación frente a los mismos.
Por desgracia, en los últimos tiempos y especialmente estas semanas lo estamos viviendo muy de cerca en Andalucía con la sucesión de borrascas que han afectado al territorio. Estos episodios ponen de manifiesto que, más allá de percepciones simplistas basadas en la memoria climática reciente, los fenómenos meteorológicos extremos proyectados por la comunidad científica ya forman parte de nuestra realidad. Los modelos climáticos, basados en los escenarios de emisiones del IPCC y que han sido una herramienta clave para el Plan Andaluz de Acción por el Clima, ya advertían de una progresiva “tropicalización” del clima andaluz, caracterizada por el incremento de las temperaturas medias y la intensificación de eventos de precipitación concentrada en cortos periodos de tiempo. La evidencia científica disponible no solo anticipaba estos cambios, sino que subrayaba la necesidad de integrar la adaptación como eje estructural de las políticas públicas para mejorar la capacidad de respuesta ante los fenómenos climáticos extremos esperados, la tan nombrada Resiliencia.
Es ahora, una vez superada la fase más crítica de la emergencia, en la que ha sido fundamental la coordinación y cooperación interadministrativa para reducir los daños, especialmente pérdidas humanas pero también otras, cuando debe abrirse una fase igualmente relevante: la de la planificación estratégica orientada a reforzar la resiliencia territorial y la capacidad adaptativa de nuestros municipios.
Es en este contexto donde adquieren especial relevancia las medidas de adaptación recogidas en los planes municipales de cambio climático elaborados en los últimos meses en distintos municipios y agrupaciones de municipios de Andalucía, en coherencia con el Plan Andaluz de Acción por el Clima y el marco establecido por la Ley 8/2018. Los análisis de vulnerabilidad y evaluaciones de riesgo sobre los que se han elaborado constituyen herramientas técnicas de primer orden para identificar puntos críticos, priorizar intervenciones y anticipar impactos en ámbitos como el ciclo integral del agua, la ordenación del territorio, la salud pública o la biodiversidad urbana.
Asimismo, los recientes episodios han evidenciado la necesidad de avanzar en la adaptación de los entornos urbanizados, incorporando criterios de diseño resiliente y soluciones basadas en la naturaleza. Resulta imprescindible fomentar la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), aumentar la permeabilidad del espacio público, configurar el viario como infraestructura capaz de laminar y retener escorrentías en episodios de lluvia intensa, y promover una infraestructura verde urbana que contribuya tanto a la regulación hídrica como a la mitigación del efecto isla de calor, que también hemos sufrido hace unos meses en forma de olas de calor. Del mismo modo, la adecuada selección de especies vegetales adaptadas a escenarios de mayor estrés térmico y a episodios de viento intenso debe integrarse en la planificación paisajística y urbana.
En definitiva, se trata de impulsar una renaturalización estratégica de los entornos urbanos y periurbanos, orientada a incrementar su capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos extremos, reducir la exposición al riesgo y proteger a la población y a los sectores económicos.
Desde COAMBA, en línea con el compromiso profesional de los ambientólogos y ambientólogas andaluces con la sostenibilidad y el rigor científico, consideramos que el negacionismo climático no solo contraviene el consenso científico internacional, sino que puede traducirse en un elevado coste económico, social y ambiental si se usa como excusa para la inacción. Por ello, instamos a todas las administraciones a abordar, en el marco de sus competencias, las acciones que sean necesarias para reforzar la planificación estratégica e impulsar la adopción de medidas que mejoren la adaptación frente a los fenómenos meteorológicos extremos y ofrecemos nuestra colaboración para contribuir a estar mejor preparados, aumentando así la resiliencia de Andalucía frente al cambio climático.
Como colectivo de profesionales consideramos que la adaptación no es una opción ideológica, sino una necesidad técnica y estratégica para garantizar la seguridad, la competitividad y la salud y calidad de vida en Andalucía en las próximas décadas.
Autor: Juan José Amate Ruiz. Vicepresidente 1º de COAMBA
