Juan José Amate Ruiz, como vicepresidente del Colegio Profesional de Ambientólogos/as de Andalucía (COAMBA) participó el pasado 14 de abril de 2026, en la reunión de la Mesa Técnica convocada en la que estuvieron presentes la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y diferentes organizaciones sindicales, con el objetivo de abordar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
En primer lugar, desde COAMBA se quiere reconocer el importante trabajo desarrollado por los representantes de las organizaciones sindicales en el ingente trabajo de revisión de documentación sin apenas disponer de tiempo, además de la invitación de ISA a participar en una sesión de esta comisión, lo que nos ha ayudado a conocer con detalle cómo se está gestionando esta modificación. A través de sus aportaciones pudimos comprobar como en su caso si eran no sólo conocedores de nuestra situación, sino que además reconocían nuestra valía profesional.
Por otro lado, algo que nos ha llamado la atención han sido las numerosos e importantes errores e imprecisiones señalados por estos representantes, lo que ha generado importantes dudas sobre la transparencia de este proceso pero también deja bien claro que se trata de un proceso improvisado y condicionado por unas prisas que no ayudan a que el resultado sea el óptimo y necesario.
Más allá de estas deficiencias, desde COAMBA se quiso trasladar nuestro malestar por la propuesta actual e intentar trasladar como no responde a la realidad y las necesidades del sector ambiental en Andalucía y, en particular, de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente como principal entidad con competencias en la materia.
¿Dónde queda la sostenibilidad?
Es llamativo que una Consejería de Sostenibilidad plantee una RPT que parece diseñada para responder a las necesidades de una Consejería de Medio Ambiente de comienzos de siglo, o peor aún, para aquellas consejerías en las que el medio ambiente quedaba diluido o relegado a un segundo o tercer lugar dentro de la consejería con competencias en la materia.
No se puede obviar que, fruto de iniciativas como el Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030 de la ONU, el paradigma de referencia actual es el de la sostenibilidad, donde la transversalidad y multidisciplinariedad (características más destacadas de los Licenciados/as y Graduados/as en Ciencias Ambientales) aplicadas al sector ambiental, son una competencia fundamental.
De hecho, en el Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, se señala lo siguiente:
- Corresponden a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, salvo las competencias en materia de puertos que se asignan a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y las competencias relativas al uso, gestión y conservación sostenible de los recursos marinos que se asignan a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Asimismo, corresponde a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente las competencias en materia de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, actualmente asignadas a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.
La necesaria integración de enfoques sociales y económicos que complementen la experiencia y especialización en cuestiones ambientales son claves para el despliegue de las políticas de sostenibilidad que articulen el marco de referencia en la UE y España, pero no parece haberse tenido en cuenta en la elaboración de esta RPT. Por lo que podemos afirmar que lejos de ser una RPT “de futuro”, pensada para poder contar con los profesionales para desplegar estas políticas, es una RPT “de pasado”, que responde a necesidades anteriores pero que, por suerte y de la mano de iniciativas a nivel global, europeo y estatal, ya han sido superadas.
Además, si profundizamos en las diferentes áreas de competencia de esta consejería, por ejemplo en áreas como la gestión del medio natural o el litoral, exclusivas de esta Consejería y donde aspectos como la gestión integrada del litoral o los ecosistemas naturales tienen un protagonismo muy importante pero, sin embargo, los profesionales de las Ciencias Ambientales no pueden optar a ninguno de los puestos asociados a la gestión del litoral a pesar de su capacitación para gestionarlos. ¿Qué modelo de gestión es el que está desarrollando la Consejería de Sostenibilidad, se mantienen también aquí modelos de hace varias décadas y totalmente obsoletos, que ni siquiera encajan en los que se establecen en directivas y estrategias a nivel europeo o estatal?
Como decimos, no parece que la realidad de necesidades de profesionales para desplegar las actuales políticas ambientales se esté trasladando al contenido de esta RPT.
20 años sin cambios
Ya en 2002, la creación de la Federación Andaluza de Ciencias Ambientales estuvo motivada por la falta de oportunidades para el colectivo de ambientólogos/as para el acceso a la función pública. En su momento, la justificación que se daba desde la Función Pública de la Junta de Andalucía era la reciente incorporación de estos profesionales al mercado laboral en Andalucía y la necesidad de una progresiva adaptación del marco regulatorio de la función pública.
Transcurridos casi 25 años parece que la situación no cambia notablemente, cuando sí lo han hecho de manera muy relevante el papel de los ambientólogos/as en el sector ambiental andaluz. Un papel que ha sido reconocido por la propia Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en los XXVII Premios Andalucía de Medio Ambiente · PAMA en su edición 2023.
Sin embargo, parece que hubiera titulaciones que siempre tienen abiertas las puertas del empleo público, ya que son las que copan la mayoría de las plazas, en tanto a otras titulaciones se les niega la posibilidad de acceder a la función pública pese a haber demostrado sobradamente la capacidad y estar totalmente alineados con las políticas en materia ambiental que debe desplegar la Consejería de Sostenibilidad.
Nula referencia a los contenidos de los Planes de Estudio
Desde la entrada en vigor Directiva Bolkestein en 2006 no existen nuevos decretos de atribución de competencias específicas para las titulaciones, por lo que es el plan de estudios de cada titulación el que permite saber las capacidades de cada titulación. Esta falta de un decreto de atribuciones para los Licenciados/as en Ciencias Ambientales se esgrimía en 2002 como una de las justificaciones para no incorporar las titulaciones de Ciencias Ambientales dentro de la RPT de la consejería. Sin embargo, son ya dos décadas en las que no puede usarse dicha excusa y son los planes de estudio los que marcan esa capacidad.
¿Lo han tenido en cuenta? No lo parece. Como se ha señalado desde el SAF en su intervención en esta comisión al señalar el ejemplo de los puestos relacionados con la gestión cinegética. Es llamativo que se atribuyan en exclusiva a una titulación cuyo plan de estudios no contempla estos contenidos, mientras que, siendo un contenido estructural de la titulación de la Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales, estas quedan excluidas.
La toma en consideración de los contenidos que conforman los estudios del Grado en Ciencias Ambientales es una demanda que plantean y nos trasladan a COAMBA las Facultades de Ciencias Ambientales de las universidades públicas andaluzas en las que se imparte el Grado de Ciencias Ambientales. A la vista de esta RPT no parece que haya voluntad alguna de que los profesionales que se forman académicamente en las mismas en titulaciones como el Grado de Ciencias Ambientales puedan optar a aquellas plazas de la Administración Pública encargadas de gestionar las políticas ambientales en Andalucía, lo que es todo un sinsentido.
¿Qué valor tiene el papel de los ambientólogos/as?
En los doce años de trayectoria de COAMBA, pero ya antes en la Federación Andaluza de Ciencias Ambientales y la de numerosos ambientólogos/as a título particular, se ha demostrado la capacidad profesional y algo más, el interés y compromiso por contribuir al despliegue de las políticas ambientales y de sostenibilidad en pos de un desarrollo sostenible y equitativo.
Entre otras, en el ámbito de la propia Consejería de Sostenibilidad, podemos citar la participación de COAMBA, de una forma muy implicada y reconocida, en la elaboración de la Ley Andaluza de Cambio Climático, la Ley Andaluza de Economía Circular o las recientes Ley de Montes y Ley de Gestión Ambiental (LEGAM), además de formar parte del extinto Consejo Andaluz de Medio Ambiente.
Pero además, la propia Consejería de ¿Sostenibilidad? ha mantenido una colaboración estrecha con COAMBA para el desarrollo de diferentes jornadas técnicas, y encontrando además que la nueva LEGAM está pensada para que los Colegios Profesionales, incluyendo el nuestro, puedan ser entidades colaboradoras de la Administración, sin embargo, parece que esta valía no es reconocida de cara a formar parte del personal propio de esta Consejería, cuando se nos cierra la posibilidad de poder incorporarnos a la misma a la vista de esta RPT y ya dejamos constancia de esta incongruencia en nuestra comparecencia parlamentaria en la tramitación de esta norma
Algo que es aún más llamativo cuando se ha constatado por parte de diferentes entidades sindicales que algunos puestos de Jefe de Gabinete actuales están desempeñados por profesionales con titulaciones, como la de Licenciado/a o Graduado/a en Ciencias Ambientales, que en esta RPT quedan excluidos de la posibilidad de poder mantener estos puestos.
Esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo se ha hecho, entonces, la adscripción de titulaciones a los diferentes puestos si ni siquiera se ha tenido en cuenta la formación de quien los desempeña en la actualidad?
Consideración final
Además de no compartir las formas y los plazos en la elaboración de esta RPT, cuando ha habido cuatro años desde la última propuesta para poder abordarla de manera más participativa y constructiva, nos parece un agravio para el colectivo de Ambientólogos/as de Andalucía la exclusión de los estudios de Ciencias Ambientales de la casi totalidad de puestos que la integran y para los que contamos con la capacitación técnica necesaria.
Instamos por tanto a cesar la tramitación de la propuesta actual, abordar su revisión y mejora, máxime cuando nuestra participación en la comisión nos ha hecho comprobar que esta valoración y la solicitud son compartidas por los diferentes representantes sindicales que han podido participar.
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