COAMBA ante los incendios forestales: soluciones estructurales desde la gestión ambiental

1. Contextualización y urgencia

La superficie forestal de Andalucía es muy extensa, hablamos del orden de 4,6 millones de hectáreas (Plan Forestal Andaluz), lo que representa el 52% de la superficie de Andalucía. Se trata de una de las comunidades autónomas con mayor superficie forestal de España.

Este patrimonio natural, encuentra una de las mayores amenazas en los incendios forestales, se trata de una amenaza persistente para los ecosistemas andaluces (Región Mediterránea), la Comunidad Autónoma sufre largos y calurosos veranos, con sequía prolongada lo que provoca en su conjunto un estrés hídrico en la vegetación, convirtiéndola en combustible altamente disponible, creando las condiciones perfectas para que se den incendios forestales.

Es habitual en los últimos años la aparición de informaciones como: «El verano de 2025 en España, calificado como el más cálido de la serie histórica» o la mención a la ola de calor del 3 al 18 de agosto, considerada «una de las más intensas del registro histórico», “julio de 2022 fue el mes más caluroso registrado”, “el mes de agosto más cálido de la serie histórica se encuentra en un empate técnico entre 2024 y 2025”, en definitiva, estos mensajes no hacen más que evidenciar el cambio climático que se viene produciendo.

El cambio climático ya no es una amenaza futura, sino un multiplicador de riesgo actual que está redefiniendo el régimen de incendios en Andalucía, agravando el verano tradicional de incendios, siendo éstos más largos, calurosos y secos lo que provoca mayores ventanas de peligro para incendios forestales de mayor intensidad. En este contexto el invierno y los periodos de otoño/primavera ya no son una garantía de seguridad, aunque el riesgo es significativamente menor que en verano, la desestacionalización del riesgo por el cambio climático hace que el peligro persista en áreas concretas (sureste de Almería, interior de Granada y costa de Granada y Málaga).

El segundo elemento de la ecuación que nos explica la problemática actual en relación a los Grandes Incendios Forestales es el abandono rural en Andalucía (al igual que en el resto de España) que se inicia en la segunda mitad del siglo XX, con su auge principal en las décadas de 1960 y 1970. La despoblación y el cese de las actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería extensiva en vastas áreas del territorio andaluz conllevan una falta de gestión activa del medio natural. Las tierras de cultivo y pastoreo, que históricamente actuaban como cortafuegos naturales, quedan sin mantener, lo que permite el crecimiento descontrolado de vegetación silvestre. Este fenómeno nos lleva inexorablemente a una mayor carga de combustible en el monte, haciendo que el paisaje se convierta en continuas y vastas masas forestales, sin discontinuidades o zonas de oportunidad en el territorio, mucho más susceptible a la propagación de incendios de gran magnitud, especialmente cuando se combina con las condiciones extremas del cambio climático. Por tanto, la pérdida de población en el medio rural no solo es un problema social, sino también una amenaza directa para la sostenibilidad y seguridad de los ecosistemas forestales andaluces.

Según los registros de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Andalucía (periodo 2010-2025), el régimen de incendios forestales en la comunidad se caracteriza por una elevada eficacia en la extinción inicial. La mayoría de los eventos de ignición son controlados rápidamente por el dispositivo Plan INFOCA, quedando en conatos (79%, incendios con una superficie afectada inferior a 1 hectárea). No obstante, la escasa fracción de siniestros que evolucionan a incendios mayores demuestra una marcada distribución asimétrica del daño. Solo un número muy reducido de eventos, clasificados como Grandes Incendios Forestales (GIF aquellos que superan las 500 hectáreas), son responsables de la quema de la mayor proporción de la superficie forestal total en el territorio andaluz (ver imagen 1). 

Imagen 1.

 

Este patrón subraya que la gestión del riesgo debe centrarse no solo en la respuesta rápida, sino en la mitigación de los factores que permiten a estos pocos incendios catastróficos alcanzar dimensiones críticas.

En el contexto de la problemática de los incendios forestales, la distribución de sus causas revela una fuerte predominancia de la actividad humana, ya sea de forma intencionada o por negligencia. Los datos estadísticos analizados (2010 a 2024) indican que la media de incendios provocados de manera intencionada alcanza un significativo 35,31%. A esta cifra se suma un elevado porcentaje por negligencia, que representa el 33,79% de los casos, haciendo que conjuntamente, las causas antrópicas (intencionadas y por negligencia) superen ampliamente los dos tercios del total. En menor medida, pero también relevantes, se encuentran los incendios de carácter accidental, con un 8,02%, seguidos por aquellos de origen natural, que suponen el 5,26%. Cabe destacar que un porcentaje considerable, el 16,55%, permanece bajo la categoría de desconocidas, dificultando las acciones preventivas específicas para este grupo, mientras que los incendios reproducidos representan un mínimo 1,17%. 

Imagen 2.


Los incendios forestales, especialmente los Grandes Incendios Forestales (GIF), generan una cadena de impactos destructivos que van mucho más allá de la superficie quemada. Hay pérdidas ambientales (ecológicas), económicas (costes directos e indirectos) y sociales (efectos en la calidad de vida y la población).


2. Del síntoma a la causa: la visión sistémica de las Ciencias Ambientales ante los incendios

Las Ciencias Ambientales abordan la problemática de los incendios forestales desde una perspectiva sistémica y multidimensional. Este enfoque profesional entiende el fuego no sólo como un evento a extinguir, sino como síntoma de cambios ambientales y socioeconómicos de fondo. En consecuencia, los incendios se conciben como un problema transversal que requiere ser afrontado con una visión multisectorial y estrategias integrales a largo plazo, coordinando a todos los actores implicados (MITECO, 2022). Bajo esta mirada, la profesión analiza las causas estructurales que han intensificado el riesgo de incendios: los cambios en el uso del suelo, el abandono de las áreas rurales y el calentamiento global actúan en conjunto para agravar la recurrencia y virulencia de los fuegos (Santín et al., 2023). Por ejemplo, la despoblación rural y el cese de usos tradicionales de la tierra permiten la acumulación de biomasa continua en el paisaje (matorrales, masas forestales no gestionadas), incrementando la probabilidad de incendios de gran escala; a la vez, el cambio climático prolonga las épocas de riesgo y propicia condiciones extremas de sequía y calor, multiplicando la incidencia de fuegos intensos difíciles de controlar (Santín et al., 2023).

Frente a esta realidad, el colectivo de ambientólogas y ambientólogos promueve un enfoque estratégico basado en la gestión integrada del fuego. En línea con las directrices internacionales más recientes, se enfatiza la necesidad de construir modelos de gobernanza que aborden las raíces sistémicas del problema (uso del territorio, dinámica rural, clima) en lugar de centrarse únicamente en la extinción (Mauri et al., 2023). Esto implica articular políticas públicas de forma transversal: integrar la adaptación al cambio climático, la ordenación del territorio y la reducción del riesgo de incendios en los planes sectoriales (agrarios, forestales, urbanísticos, de protección civil, etc.), superando la tradicional separación de competencias (Mauri et al., 2023). La gobernanza propuesta por las Ciencias Ambientales es participativa y corresponsable, involucrando a las administraciones en sus distintos niveles, al sector primario, a la comunidad científica y a la sociedad civil en un esfuerzo común (Fundación Pau Costa, 2025). De hecho, organizaciones especializadas han subrayado que todos los actores deben compartir responsabilidad en la solución, y que urge un compromiso político sostenido para implementar medidas de fondo antes que respuestas cortoplacistas o reacciones de emergencia (Fundación Pau Costa, 2025). 

En resumen, la visión profesional del ambientólogo/a concibe los incendios forestales como un desafío socio-ecológico complejo, que demanda políticas de Estado continuadas, coordinación intersectorial y una transformación profunda en la gestión del territorio y de los recursos, con el objetivo último de reducir la vulnerabilidad y convivir con el fuego de manera segura y sostenible (MITECO, 2022; Fundación Pau Costa, 2025).


3. Llamada a la acción y propuestas

El cambio climático impone un escenario de riesgo creciente a escala planetaria y, por su naturaleza global, las acciones de mitigación directa son de lenta implementación y alcance limitado. Por lo tanto, la estrategia más efectiva para la prevención de los GIF debe concentrarse en actuar sobre el factor de riesgo que es local y manejable: la vulnerabilidad del territorio. En Andalucía, esta vulnerabilidad se define por el abandono rural, que ha permitido la acumulación de una carga de combustible sin precedentes. La solución más práctica y urgente reside en revertir el desequilibrio demográfico entre ciudades y pueblos, impulsando una gestión activa del medio rural. Solo mediante el retorno de la actividad humana al campo (agricultura, silvicultura y ganadería extensiva) es posible transformar el paisaje denso y homogéneo en un mosaico territorial discontinuo (paisaje mosaico o cortafuegos). Este reequilibrio funcional y demográfico es la herramienta más poderosa para reducir de manera estructural la carga de combustible y dotar al ecosistema de la resiliencia necesaria para afrontar las condiciones extremas impuestas por el calentamiento global.

La correcta gestión del territorio a través de la reactivación rural no solo implica un cambio social, sino una transformación física del paisaje (paisaje mosaico o cortafuegos) que se traduce directamente en una mejor defensa frente a los incendios forestales. Estas actuaciones generan espacios de defensa y oportunidades para los equipos de extinción, al modificar la estructura de la vegetación, lo que dificulta la propagación del fuego de forma incontrolada. Con una menor carga de combustible y un paisaje fragmentado en un mosaico, se facilita su control y extinción. Además, al proporcionar zonas de trabajo despejadas y seguras, el personal de tierra es más eficaz y trabaja con más seguridad, reduciendo los riesgos operacionales. En suma, estas estrategias construyen un paisaje más resiliente a los incendios forestales, capaz de afrontar las condiciones climáticas extremas. 

Es vital reconocer, no obstante, que la gestión del riesgo no puede ser una intervención homogénea en todo el territorio. La integración ecológica exige que la transformación del paisaje sea selectiva y respetuosa con el medio natural. Zonas de alto valor ecológico y aquellas designadas con estrictas figuras de protección ambiental deben estar exentas de actuaciones intensivas de modificación de la vegetación. Además, cualquier intervención de desbroce o selvicultura debe respetar rigurosamente los ciclos de la fauna, quedando totalmente prohibidas las actuaciones durante las épocas de nidificación y reproducción, especialmente de especies protegidas, garantizando así que la defensa frente al fuego no comprometa la biodiversidad del ecosistema.

La respuesta al cambio climático para evitar grandes incendios forestales se centra en la gestión proactiva del territorio. Esto implica la reducción de combustible mediante selvicultura preventiva (uso de maquinaria forestal) y la recuperación del mosaico paisajístico (cultivos y ganadería extensiva) para crear cortafuegos naturales. Es crucial adaptar los ecosistemas con especies más resistentes al fuego y a la sequía, al tiempo que se lucha contra el abandono rural con incentivos económicos y desarrollo de empleo. Finalmente, la prevención social es vital, mediante la concienciación y la planificación obligatoria de la Interfaz Urbano-Forestal (IUF), garantizando que el paisaje sea gestionado para que el fuego, cuando llegue, se propague con menos virulencia y pueda ser efectivamente controlado.

Otra situación que agrava la extinción de los incendios forestales en la Comunidad Autónoma Andaluza es la simultaneidad (“incendios de quinta generación”), múltiples incendios de alta complejidad que superan la capacidad normal de respuesta, tal y como ha ocurrido el verano pasado en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Galicia y Extremadura.  Este fenómeno, potenciado por el cambio climático y el abundante combustible acumulado, tensiona el sistema de extinción (INFOCA) al obligar a dividir los recursos humanos y materiales entre varios frentes activos. Esta simultaneidad genera una dificultad extrema no solo en la extinción de las llamas, sino también en la gestión logística y de mando, elevando el riesgo y la fatiga del personal operativo.

Los incendios de sexta generación representan la manifestación más extrema y peligrosa de los incendios forestales. Estos megaincendios se caracterizan por una intensidad de fuego tan elevada y una velocidad de propagación tan extrema que superan por completo la capacidad de extinción humana. Son capaces de generar su propia meteorología, creando nubes de humo gigantescas (pirocúmulos) que desestabilizan la atmósfera, provocan vientos erráticos y pueden lanzar pavesas a kilómetros de distancia, haciendo el comportamiento del fuego impredecible y su control inviable hasta que las condiciones meteorológicas cambian. Ejemplos recientes en Andalucía, como el de Sierra Bermeja (Málaga), confirman que esta nueva generación de incendios son la mayor amenaza para los ecosistemas y la seguridad material y personal en la región.

La autoprotección ciudadana es un pilar fundamental en la estrategia de defensa frente a los Grandes Incendios Forestales (GIF), especialmente en las zonas de Interfaz Urbano-Forestal (IUF). En Andalucía tenemos la provincia de Málaga como paradigma de las dificultades de extinción de incendios forestales en la IUF (“incendios de cuarta generación”). Los residentes en estas áreas deben asumir una corresponsabilidad activa que va más allá de la mera evacuación. Es esencial que cada hogar disponga de un plan familiar de autoprotección, que incluya rutas de escape y puntos de encuentro. A nivel físico, la principal medida consiste en la creación y mantenimiento de franjas de seguridad libres de vegetación y material combustible alrededor de las viviendas. Es fundamental que la población esté formada y sensibilizada sobre cómo actuar en caso de emergencia, seguir las indicaciones de las autoridades y entender que su preparación y acción preventiva son determinantes para proteger tanto sus vidas como sus bienes. 


4. El papel de las Ciencias Ambientales en la gestión integral de los incendios forestales

En el plano práctico, las y los profesionales de las Ciencias Ambientales desempeñan funciones clave en la prevención, restauración y ordenación territorial vinculadas a los incendios forestales. En prevención, contribuyen con su formación interdisciplinar al diagnóstico territorial del riesgo: identifican zonas críticas (por acumulación de combustible, valores naturales o presencia de interfase urbano-forestal) y analizan factores ambientales y socioeconómicos para orientar medidas preventivas eficaces. Por ejemplo, integran criterios de incendios en la planificación del uso del suelo a diferentes escalas, asegurando que instrumentos como los planes forestales, urbanísticos o de espacios naturales protegidos incorporen mapas de riesgo de fuego y directrices para crear paisajes menos inflamables (MITECO, 2022). Sobre el terreno, los ambientólogos/as implementan soluciones basadas en la naturaleza para reducir el combustible vegetal: promueven la recuperación de prácticas tradicionales como el pastoreo extensivo (silvopastoreo) en áreas forestales abandonadas, de manera que el ganado contribuya a eliminar biomasa inflamable (arbustos, matorrales) y a cortar la continuidad del combustible continuo. Estudios recientes destacan que este manejo integrado de ganadería y monte disminuye significativamente el riesgo de fuegos severos al mantener el sotobosque bajo control (Losada et al., 2025). Asimismo, participan en programas de quemas prescritas técnicamente planificadas, aplicando el fuego de forma controlada y segura para reducir la carga de combustible y regenerar ecosistemas adaptados al fuego (Fundación Pau Costa, 2025).

En la fase de restauración postincendio, el rol de las Ciencias Ambientales es igualmente crucial. Tras un gran incendio, estos profesionales realizan evaluaciones ambientales de los daños, considerando efectos sobre suelos, aguas, vegetación y fauna, e identificando áreas de intervención prioritaria (Santín et al., 2023). Con base en este diagnóstico, elaboran y ejecutan planes de restauración de zonas quemadas, aplicando técnicas de rehabilitación ecológica. Esto incluye acciones como la protección urgente del suelo frente a la erosión (mediante mulching, fajinas o hidrosiembra en laderas), la plantación o siembra con especies autóctonas apropiadas al nuevo escenario postfuego, y el control de especies exóticas invasoras que pudieran expandirse tras el incendio. Todas estas actividades se enmarcan en el objetivo de recuperar las funciones ecosistémicas perdidas y reducir la vulnerabilidad del territorio a futuros incendios (MITECO, 2022). A diferencia de una simple reforestación apresurada, la restauración liderada por ambientólogos busca aumentar la resiliencia del paisaje: por ejemplo, recomponiendo un mosaico de vegetación con discontinuidades naturales (cortafuegos verdes, áreas despejadas estratégicamente) que limite la propagación de incendios futuros (Santín et al., 2023). También integran a las comunidades locales en estas labores, fomentando la custodia del territorio y la educación ambiental para que la población entienda la importancia de las acciones post-incendio en la prevención de desastres posteriores (inundaciones, pérdida de suelo) y en la construcción de paisajes más seguros.

En cuanto a la ordenación del territorio y planificación, las personas ambientólogas aportan una visión holística en los distintos niveles de gestión de incendios. Colaboran con administraciones autonómicas y locales en la elaboración de planes de prevención y emergencia (p. ej., planes INFO locales y autonómicos), asegurando la coherencia entre la planificación territorial y las estrategias de defensa contra incendios (MITECO, 2022). Su intervención garantiza que los planes urbanísticos contemplen la delimitación de franjas de protección en la interfase urbano-forestal y medidas de autoprotección para urbanizaciones en zonas de riesgo, de acuerdo con las recomendaciones técnicas actuales (Fundación Pau Costa, 2025). Igualmente, en la planificación forestal, integran objetivos de prevención (como la creación de áreas cortafuego de baja carga de combustible o la localización de Puntos Estratégicos de Gestión del fuego) con objetivos de conservación y uso sostenible, resultando en montes multifuncionales menos propensos a incendios catastróficos (MITECO, 2022). Los ambientólogos/as participan en mesas de trabajo y comités técnicos junto a ingenieros de montes, agentes forestales, protección civil y otros expertos, aportando datos de sistemas de información geográfica (SIG), análisis territoriales integrales y una perspectiva socioambiental al diseño de políticas. También contribuyen a la concienciación pública y a la participación ciudadana en la gestión del fuego: desarrollan campañas de educación ambiental, divulgan buenas prácticas (como no realizar quemas agrícolas incontroladas o cómo mantener las parcelas rurales limpias de excesiva biomasa) e impulsan la implicación de la sociedad en la prevención (Fundación Pau Costa, 2025). Todo ello refuerza un modelo en el que la población local deja de ser espectadora pasiva y se convierte en parte activa de la solución, alineado con el principio de corresponsabilidad.

Por último, el colectivo de Ambientólogos/as ha mostrado una actitud proactiva de colaboración institucional. A través de sus colegios y asociaciones profesionales, ofrece asistencia técnica y consultiva a las administraciones públicas y entidades gestoras en materia de incendios forestales. El Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía (COAMBA), por ejemplo, ha expresado formalmente su disposición a apoyar a las autoridades mediante el conocimiento especializado de sus colegiados/as, ya sea integrándose en equipos multidisciplinares, elaborando informes técnicos o participando en proyectos piloto de gestión del fuego. Este ofrecimiento de cooperación aprovecha la formación versátil del ambientólogo/a –que abarca ecología, ordenamiento territorial, gestión ambiental y participación social– para fortalecer la respuesta institucional al riesgo de incendios. En la práctica, muchos ambientólogos/as ya trabajan de la mano con otros profesionales (ingenieros forestales, geógrafos, agentes de medio ambiente, protección civil) en las distintas fases de la gestión de incendios, desde la planificación preventiva hasta la recuperación de los ecosistemas afectados. Su contribución multidisciplinar ayuda a que las políticas y actuaciones contra incendios adopten un enfoque más integral y basado en ciencia, maximizando las sinergias entre la conservación ambiental y la protección civil (Fundación Pau Costa, 2025). De este modo, el rol de las Ciencias Ambientales se consolida como pieza fundamental en la gestión moderna de los incendios forestales, sumando su perspectiva estratégica y sus competencias técnicas a los esfuerzos colectivos por minimizar el impacto de este creciente desafío socioambiental.


5. Cierre con mensaje positivo

Aunque los incendios forestales representan una amenaza creciente para los ecosistemas y comunidades de Andalucía, no son una realidad inevitable. El conocimiento técnico y científico acumulado, junto con la experiencia operativa en extinción y prevención, permite afirmar que es posible reducir significativamente su impacto si se actúa con planificación, coordinación y compromiso a largo plazo.

El territorio andaluz cuenta con un valioso capital natural y humano. La eficacia del dispositivo de extinción (INFOCA), que logra contener la mayoría de los fuegos en fase de conato, demuestra que cuando se invierte en medios y formación, los resultados son tangibles. Sin embargo, las cifras también advierten: un número reducido de Grandes Incendios Forestales causa la mayor parte de los daños. Es ahí donde debe enfocarse el esfuerzo colectivo, en prevenir que los incendios lleguen a ser incontrolables, y no solo en apagar las llamas.

Desde las Ciencias Ambientales, se propone una transición hacia una gestión proactiva del territorio, que combine soluciones ecológicas, sociales y tecnológicas. Restaurar los paisajes como mosaicos, fomentar el retorno de actividades rurales sostenibles, ordenar el territorio con criterios de riesgo y empoderar a la ciudadanía en la prevención son acciones al alcance de la sociedad actual. Ya existen iniciativas, conocimientos y herramientas probadas que demuestran que la convivencia con el fuego, de forma segura y controlada, es posible.

Invertir en prevención estructural, planificación y cultura del riesgo no solo es más sostenible y eficaz, sino también más justo. Supone proteger la biodiversidad, reducir el coste económico y evitar tragedias humanas. El fuego forma parte del ecosistema mediterráneo, pero su intensidad y destructividad no deben serlo.

Desde COAMBA, reafirmamos que las soluciones existen y que el colectivo de ambientólogos y ambientólogas está preparado para contribuir con conocimiento, compromiso y acción. El reto es grande, pero también lo es nuestra capacidad para construir territorios más resilientes, vivos y seguros.

BIBLIOGRAFÍA
  • Fundación Pau Costa. (2025). Del consenso a la acción: propuestas para la gestión de los incendios forestales. Taradell (Barcelona): Fundación Pau Costa.
  • Losada, M. R., et al. (2025). Prevención de incendios forestales mediante sistemas silvopastorales (informe técnico). Universidad de Santiago de Compostela.
  • Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (2022). Orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España. Madrid: Centro de Publicaciones.
  • Mauri, E., Hernández-Paredes, E., Núñez-Blanco, I., & García-Feced, C. (2023). Key Recommendations on Wildfire Prevention in the Mediterranean. Joensuu, Finland: European Forest Institute.
  • Santín, C., Madrigal, J., Cerdá, X., & Pausas, J. (2023). Incendios forestales (Informe Ciencia para las Políticas Públicas). Madrid: CSIC.
  • Senra Rivero, F. et al. (2020). «Análisis sobre el estado del abandono rural y su relación con la Emergencia Climática y los Incendios Forestales en España en 2020.» 8º Congreso Forestal Español.
  • Raúl Quilez Moraga. Incendios Forestales. Análisis y Operaciones para su combate. Meteorología, tipos de incendios, motores y seguridad. Fundación Pau Costa.
  • WWF España 2025. Incendios Fuera de Control. 20 Años Promoviendo la Prevención. 
  • José Manuel Moreno Rodríguez. Los Incendios Forestales en España en un Contexto de Cambio Climático: Información y Herramientas para la Adaptación (INFOADAPT). Universidad de Castilla-La Mancha.

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