El yacimiento minero de Aznalcóllar es una ‘bomba’ medioambiental y está fuera de control. Es, en pocas palabras, la conclusión a la que han llegado los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología que han analizado las antiguas instalaciones mineras a instancias de la juez de Instrucción 3 de Sevilla a raíz de las irregularidades de carácter ambiental que ya detectó la UDEF en el marco de la investigación por el presunto amaño del concurso promovido por la Junta.
Los expertos de Toxicología han encontrado elevadas concentraciones de sustancias tóxicas -altamente cancerígenas, especifican- tanto en el suelo como en el agua de la antigua explotación minera que el gobierno de Susana Díaz está empeñado en reactivar. Allí, dicen, hay arsénico, cinc y plomo en cantidades muy superiores a las permitidas y que suponen un serio peligro para el medio ambiente.
Más exactamente, los autores del informe -al que ha tenido acceso EL MUNDO- hablan de un «riesgo grave para el medio ambiente y los recursos naturales». Sobre todo, advierten, porque estos residuos tóxicos y peligrosos están fuera de control, ya que los sistemas que implantó la Administración andaluza tras la catástrofe de abril de 1998 no funcionan desde hace bastante. Un ejemplo: la depuradora que debía tratar las aguas contaminadas para evitar su filtración al subsuelo o al cauce de arroyos y ríos está parada y prácticamente abandonada al menos desde el año 2013.
El documento, de hecho, pone el acento en la necesidad de «control, gestión y depuración» de los lixiviados (residuos líquidos) ácidos «con elevadas concentraciones de metales peligrosos. Es en este punto donde más se detienen los técnicos y sobre el que más preocupados se muestran. En particular sobre los lixiviados y filtraciones procedentes del vertedero norte y que afectan al arroyo del Perro, gravemente contaminado por arsénico, cinc y mercurio.
Dicen los autores del informe -que llegó al juzgado el 10 de septiembre- que el agua de este arroyo discurre «libremente y sin impermeabilización» hasta la depuradora que debía tratarla pero que no funciona. Por ello, el agua vuelve a la corta de Aznalcóllar tan contaminada como salió. El riesgo se centra en el trayecto de este agua tóxica, ya que discurre libremente y sin control y, aseguran los autores del documento, podría llegar a filtrarse al subsuelo.Además de la corta de Aznalcóllar, otro punto negro de las instalaciones mineras es el contraembalse del río Agrio (afluente del Guadiamar), que posee características similares y que, advierten los especialistas, puede rebosar en épocas de lluvias. Junto a estas balsas hay, igualmente, un canal para recoger aguas pluviales que recibe la procedente también de los vertederos y que, sin ningún tipo de depuración previa, llega directamente hasta el contraembalse del Agrio.
Aunque son los residuos líquidos los que presentan un riesgo más alto, los expertos del Instituto Nacional de Toxicología no pasan por el alto el extraordinario índice de contaminación de buena parte del suelo de la explotación minera. Las muestras tomadas arrojan resultados que las equiparan a la tipología de residuo peligroso.
Así, los residuos acumulados en el vertedero norte, advierte el informe, presenta niveles de compuestos cancerígenos (arsénico y aluminio, además de plomo) muy preocupantes y que, de acuerdo con la normativa vigente, serían clasificados directamente como peligrosos.Hasta el punto de que estos residuos son susceptibles de provocar «riesgos ecológicos significativos», en palabras de los expertos de Toxicología. El informe viene a avalar las tesis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encargado de la investigación sobre las irregularidades en el concurso y que ya señaló los problemas medioambientales de las instalaciones mineras tras realizar una inspección ocular.
Basándose en ello, la magistrada Patricia Fernández ordenó deducir testimonio al encontrar indicios de un presunto delito contra el medio ambiente que ya investiga de forma paralela un juzgado de Sanlúcar la Mayor. Mientras, la juez Fernández ha dejado abierta la puerta a nuevas imputaciones de funcionarios y cargos de la Junta por el presunto amaño del concurso, que le había pedido la organización Ecologistas en Acción.
La magistrada ha comunicado que pospone las posibles nuevas imputaciones hasta haber oído a los cuatro imputados que aún no han pasado por su despacho y que lo harán mañana viernes. Por otro lado, la magistrada ha aceptado la personación de Manos Limpias dentro de la causa por el concurso.
Fuente: elmundo.es