Artículo publicado en nuestra sección Hábitat COAMBA de la revista OTWO nº 33 del mes de abril de 2022, desde la página 58.
Cuando se nos plantea la cuestión de qué es lo que tienen en común la caza, las armas, el suicidio y el medio ambiente, puede resultar difícil de imaginar que pueda existir un nexo de unión entre los cuatro conceptos. Sin embargo todos ellos tienen rasgos de complicidad y proximidad que, sorprendentemente, en muchos casos se escapan al conocimiento cotidiano popular y en raras ocasiones entran siquiera a formar parte del debate técnico.
Para ilustrar el contexto conviene comprender qué sucede con las armas en nuestro país. Debemos saber que, según los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior, en el año 2019 existían 2.914.358 armas legales dentro del territorio nacional, de las cuales, haciendo una media de las existentes entre los años 2008 a 2019, el 92% estaba en manos de particulares (2.730.740 armas en 2019), el 6% en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el 2% en poder de las Fuerzas Armadas.
Precisamente, de este 92% de armas que está en manos de particulares, bajo licencia deportiva en muchos de los casos, el 84% está amparado por licencias federativas relacionadas con la caza, mientras que el otro 16% se reparte entre el tiro olímpico, el tiro con arco y el tiro al vuelo, modalidad esta última que se realiza con el único objetivo de abatir en vuelo aves vivas que previamente han sido liberadas de sus jaulas específicamente para este letal propósito.
Por tanto se puede afirmar que es bien conocida la relación entre el uso de armas y la muerte de animales, ya sea en espacios abiertos durante la caza o en espacios controlados como en el caso del tiro al vuelo. La repercusión de estas actividades, desde una perspectiva medioambiental, ha estado sujeta a una controversia que más allá de la justificación que pueda legitimarlas, sigue latente en una sociedad moderna en la que ya se abandera el estandarte de la preservación de los valores naturales y el fomento de la biodiversidad como una seña de identidad ampliamente reconocida.
Sin embargo tenemos que contextualizar adecuadamente esta realidad y contrastarla con las cifras reales que este tipo de actividades generan sobre las diversas especies, tarea que no siempre es sencilla. Para hacerse una idea de la incidencia de la caza sobre el medio ambiente, se calcula que solamente en las selvas del centro de África se cazan entre 1 y 3,4 millones de toneladas de carne al año, generalmente sobre piezas de mediano tamaño, pero que en caso de aniquilarse sus poblaciones, acaba centrandose sobre otras de menor porte. Igualmente debe tenerse en cuenta que, en nuestro país, un buen número de especies catalogadas como cinegéticas son a su vez protegidas por normativas a las que España se ha adherido mediante convenios internacionales, suponiendo una explícita contradicción que, sin embargo, pasa inexplicablemente desapercibida incluso para las instituciones que debieran velar por asegurar un marco jurídico de coherencia.
Por otro lado, también se tiene conocimiento de la letalidad sobre las personas provocada por las armas de fuego utilizadas para actividades relacionadas con el medio ambiente, ya que gracias a la Respuesta del Gobierno formulada durante agosto de 2020 se dio visibilidad al hecho de que durante el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero y 6 de septiembre de este mismo año 2020, el número de víctimas no letales, existentes en España, como consecuencia de disparo proveniente de armas usadas en la actividad cinegética, se elevó a la sorprendente cifra de 605 personas, o lo que es lo mismo 2,42 víctimas por día. E incluso se pudo saber que en este mismo período de tiempo se registró la escalofriante cifra de 51 muertes de personas, una muerte cada cinco días, también como consecuencia de la actividad cinegética.
Ahora bien, ¿que relación tienen estos tres conceptos con el suicidio? Sin duda esta es una pregunta que no suele formularse habitualmente, pero que igualmente no debe obviarse, puesto que lejos de resultar una cuestión baladí, pone de manifiesto el alcance y trascendencia de una realidad que pocas veces se visibiliza y aborda, precisamente porque pone en evidencia la significativa dimensión que puede llegar a adquirir la posesión de armas, aunque sea con fines deportivos o recreativos.
En primer lugar debe tenerse presente que el suicidio ocupa en España la primera causa de muerte no natural, con una incidencia tan notable y destacada que supone más del doble de la que tienen los accidentes de tráfico, aunque la información que finalmente acaba permeando en la opinión pública resulta tan exigua que apenas se le presta atención. Según la memoria 2019 de Epidemiología y Toxicología de las Muertes por Suicidio, el número de muertes por suicidio se elevó durante este año a 3.671, según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de las cuales 1.822 (37,2%) fueron consideradas como suicidios violentos.
En relación a la temática que nos ocupa, del total de suicidios durante este años 2019 el 4,8% corresponde a los ocasionados por arma de fuego.
Aunque no existe una cifra exacta del número de suicidios que se llevan a cabo haciendo uso de arma de fuego obtenida mediante licencia federativa, sí se sabe que existe una cantidad significativa que se comete, principalmente sobre la población masculina, haciendo uso de una escopeta. Incluso algunos estudios apuntan a que la escopeta se usa para estos fines de forma preponderante, con diferencia sobre el resto de las armas. La escopeta en España supone el 80%, de media entre los años 2008 y 2013, de todas las armas existentes en el mercado legal nacional, destinándose en su mayor parte a la actividad cinegética. Lamentablemente, debe tenerse en cuenta que el registro inadecuado de los delitos impide determinar, con exactitud, el número concreto de armas obtenidas mediante licencia federativa que han sido utilizadas para cometer estos actos. Pero esta carencia de información no debe distraer la atención de una realidad que apunta hacia el hecho de que parte de las armas adquiridas haciendo uso de una licencia federativa acabe destinándose a la comisión de actos delictivos en general y suicidas en particular
Autores:
- Miguel Óscar García Fernández (Ambientólogo, Máster en Análisis y Prevención del Crimen, Experto en Criminología Medioambiental y Perito Ambiental).
- Raúl Molleda García (Naturalista, Quiropterólogo miembro de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos –SECEMU- y de la Asociación MUR).
- Gabriel Moreno Campo (Licenciado en Veterinaria y Máster en Educación Ambiental).
Fuente: Revista OTWO nº 33 abril 2022.
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